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¿Qué es el Comercio Internacional de Emisiones?

El Comercio Internacional de Emisiones recoge las operaciones de compra-venta de créditos (ERUs y CERs) entre países en vías de desarrollo y/o industrialización para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del Protocolo de Kyoto reduciendo sus emisiones y, al mismo tiempo, comercializar los créditos de emisiones excedentarios a otros países.

¿Cuál es la finalidad del comercio de emisiones?

El Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión (RCCDE) tiene por objeto ayudar a los Estados miembros de la UE a cumplir sus compromisos de limitación o reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de una manera rentable. El hecho de que las empresas que participan en el régimen puedan comprar o vender derechos de emisión permite reducir emisiones al mínimo coste.

El RCCDE es la piedra angular de la estrategia de lucha contra el cambio climático de la UE. Es el primer régimen internacional de comercio de derechos de emisiones de CO2 en el mundo, y desde principios de 2008 se aplica no sólo a los 27 Estados miembros de la Unión sino también a los otros tres miembros del Espacio Económico Europeo (Noruega, Islandia y Liechtenstein). En la actualidad están incluidas en el régimen más de 10 000 instalaciones de los sectores energético e industrial, que son responsables, en su conjunto, de cerca de la mitad de las emisiones de CO2 y del 40 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la UE. Se está debatiendo legislación para incluir el sector de la aviación en el sistema a partir de 2011 o 2012.

¿Cómo funciona el comercio de derechos de emisión?

El RCCDE es un régimen de comercio de derechos de emisión con fijación previa de límites máximos («cap and trade»), es decir, establece un límite máximo que no deben superar las emisiones globales pero, dentro de ese límite, permite a los participantes en el régimen comprar y vender derechos de emisión según sus necesidades. Esos derechos de emisión son la «moneda de cambio» sobre la que se sustenta el régimen. Un derecho permite a su titular emitir una tonelada de CO2. La imposición de un límite máximo respecto al número total de derechos es lo que crea escasez en el mercado.

En la actualidad los Estados miembros elaboran, en relación con cada período de comercio con arreglo al régimen, Planes Nacionales de Asignación (PNA), en los que se fija el nivel total de emisiones en el comercio de derechos de emisión y el número de derechos de emisión asignado a cada instalación en su territorio. Al final de cada año, las instalaciones tienen que entregar una cantidad de derechos equivalente a sus emisiones. Las empresas cuyas emisiones se sitúan por debajo del nivel de derechos pueden vender los derechos que les sobran. Las que tienen dificultades para mantener sus emisiones al nivel de sus derechos pueden optar, bien por tomar medidas para reducir sus propias emisiones (como, por ejemplo, invertir en una tecnología más eficiente o utilizar fuentes de energía con menos emisiones de carbono), bien por comprar en el mercado derechos suplementarios, bien por una combinación de ambas opciones, que pueden depender de sus costes relativos. De ese modo, las emisiones se reducen ahí donde resulta más rentable hacerlo.

¿Cuánto tiempo lleva funcionando el RCCDE?

El RCCDE se inauguró el 1 de enero de 2005. El primer período de comercio duró tres años, hasta finales de 2007, y constituyó una etapa de «aprendizaje práctico», como preparación para el segundo período de comercio, de importancia crucial. Este segundo período ha empezado el 1 de enero de 2008 y tendrá cinco años de duración, hasta finales de 2012. La importancia de este segundo período reside en el hecho de que coincide con el primer período de compromiso del Protocolo de Kioto, durante el cual la UE y otros países industrializados tienen que cumplir sus objetivos de limitación o reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para este segundo período de comercio, los límites máximos establecidos por la Comisión respecto a las emisiones nacionales de los sectores incluidos en el RCCDE se sitúan en un nivel medio inferior en un 6,5 % a las emisiones de 2005, y ello para garantizar que la Comunidad en su conjunto y cada uno de los Estados miembros cumplan los compromisos de Kioto que les corresponden.

¿Cuáles han sido las principales enseñanzas de la experiencia adquirida hasta ahora?

El RCCDE ha puesto un precio al carbono y ha demostrado que el comercio de emisiones de gases de efecto invernadero funciona. En el primer período se consiguió establecer el libre comercio de derechos de emisión en toda la UE, crear la infraestructura necesaria y desarrollar un mercado dinámico del carbono. Los beneficios de la primera fase desde el punto de vista del medio ambiente quizás hayan sido limitados debido a que en algunos Estados miembros y en algunos sectores se asignaron demasiados derechos de emisión, principalmente a causa de que se utilizaron proyecciones a la espera de disponer de datos sobre emisiones verificadas en el marco del RCCDE. Cuando la publicación de los datos sobre las emisiones verificadas de 2005 puso de manifiesto que se había asignado un exceso de derechos, el mercado reaccionó como cabía esperar reduciendo el precio de mercado de los derechos de emisión. La publicación de los datos sobre emisiones verificadas permitió a la Comisión fijar el límite máximo de los derechos de emisión nacionales para la segunda fase en un nivel que produjera reducciones reales de emisiones.

Además de la necesidad de datos verificados, la experiencia ha demostrado que una mayor armonización en el RCCDE es fundamental para que la UE realice sus objetivos de reducción de emisiones al mínimo coste y limitando al máximo las distorsiones de la competencia. La necesidad de una mayor armonización resulta patente por lo que se refiere, en particular, al establecimiento de un límite máximo para el número total de derechos de emisión.

Los dos primeros períodos de comercio ponen de manifiesto, asimismo, que las grandes diferencias existentes entre los métodos nacionales de asignación de derechos de emisión a las instalaciones constituyen una amenaza para la competencia leal en el mercado interior. También se requiere una mayor armonización, aclaración y precisión del ámbito de aplicación del régimen, del acceso a los créditos por proyectos de reducción de emisiones fuera de la UE, de las condiciones para establecer vínculos con otros regímenes de comercio de derechos de emisión y de los requisitos en materia de seguimiento, verificación y notificación.

¿Cómo es el esquema del mercado de CO2 en Europa?

El Esquema de Comercio de Derechos de Emisión es único por lo que las empresas españolas pueden indistintamente comprar y vender derechos en cualquier país de la UE.

¿Qué necesito para poder operar en el mercado de CO2?

Se necesita una cuenta en RENADE (Registro Nacional de Derechos de Emisión), que se puede obtener a través de
www.renade.es, en la que encontrará el contrato para ello. Una vez cuente con una de ellas podrá realizar operaciones de compra y venta en el mercado de derechos de emisión de CO2.

* Para informaci ón al respecto puede llamar a RENADE al 902 33 34 09.

¿Cuál es el proceso de compra / venta?

El mercado de emisiones de CO2 tiene distintas vías para gestionar la compra y venta de derechos de CO2:

  • Puede realizar operaciones bilaterales entre su empresa y otra empresa, si ambas llegan a un acuerdo de compra/venta, asumiendo el riesgo de la contrapartida de la operación.
  • Puede acudir a un broker del mercado que le ofrecerá un precio por el que le compra o vende sus derechos.
  • O bien, puede operar a través de SENDECO2, La Bolsa Española de Derechos de Emisión de CO2. Donde con total transparencia y seguridad podrá ver el precio del mercado, podrá obtener información a través de su web o contactando directamente con nosotros (e-mail: info@sendeco2.com; telf: 93 241 47 23). De esta forma usted decide cuándo y cómo quiere vender, siendo el propietario de sus derechos hasta el momento de hacer efectiva la operación, y siempre siendo usted el responsable de la operación.

¿Hay precio de venta y precio de compra?

No. Existe sólo un precio de mercado, con una variabilidad constante, que estipula la oferta y la demanda del mismo, según las operaciones entre compradores y vendedores, y otros factores macroeconómicos.

¿Cómo se comporta el precio del mercado de CO2? ¿Y qué aspectos generales intervienen en la determinación del precio?

Puede comprobar de forma directa la evolución del precio en nuestro gráfico y el detalle de su comportamiento desde el inicio del mercado de derechos de emisión de CO2. Las fechas históricas a destacar son:

  • 2 enero 2005 : Inicio del Mercado – Valor de 7 € el derecho.
  • 19 de abril  2006: Valor de 30,5 € el derecho. Máximo histórico.
  • 29 de diciembre 2006 : Cierre año – Valor de 6,55 € el derecho.
  • 2 de enero  2007: Valor de 5,85 € el derecho.
  • 30 de diciembre 2007: Valor de 0,03€ el derecho.
  • 17 de abril 2008: Entrega nuevos derechos en España – Valor de 23,45€ el derecho

Como vemos el valor del derecho de emisión de CO2 es muy volátil y factores como el clima, situaciones político-económicas y el volumen de asignaciones a nivel europeo, influyen directamente en su evolución.

¿Puedo realizar operaciones con otra empresa sin intermediarios?

Sí, existe esa posibilidad y es totalmente válida, pero conlleva un riesgo ya que no existe un intermediario que asuma el riesgo de la operación y ofrezca una contrapartida a cada una de las partes, como es en el caso de SENDECO2, La Bolsa Española de CO2.
En ocasiones cuando ya se ha establecido un precio para la operación entre la parte vendedora y la parte compradora, una de las dos modifica su oferta por los constantes cambios que se producen en el mercado, y le generan un contratiempo a la otra parte implicada.


¿Qué previsión de futuro existe?

Nadie conoce ni puede saber que sucederá en un futuro a corto, medio o largo plazo. Cada empresa debe decidir, en función de sus necesidades y perspectivas, que quiere hacer observando lo ocurrido hasta el momento.

¿Cuando es el mejor momento para comprar o vender?

El acudir varias veces al mercado, tanto sea para comprar como para vender, en función del precio del mercado en cada momento, minimiza el riesgo y nos ofrece mayores posibilidad de obtener mayores beneficios que si se limita a operar tan sólo cuando tiene los cálculos de emisiones definitivos. Operar una sóla vez es asumir altos riesgos, no operar nunca es contraproducente y operar con asiduidad nos ofrece menos riesgos.

Si mi balance final refleja un gran excedente, ¿es mejor no vender porque podría generar una reducción en mis futuras asignaciones?

No. El mercado de derechos de CO2 tiene entre sus fines poder corregir las asignaciones que se dieron en un principio ofreciendo, al mismo tiempo, la posibilidad de que las empresas se beneficien con el comercio de los derechos para reutilizar los beneficios en el segundo periodo, entre 2008 y 2012.

¿Qué son los proyectos de MDL y AC?

Son dos tipos de los denominados mecanismos de flexibilidad y buscan facilitar a los países desarrollados y a los que se encuentran en vías de industrialización y/o desarrollo, el cumplimiento de sus compromisos de reducción de emisiones.

Los mecanismos de flexibilidad son tres: el Comercio Internacional de Emisiones (CE), el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y el Mecanismo de Aplicación Conjunta (AC).

  • Mecanismo Desarrollo Limpio: permite la inversión de empresas de países desarrollados en  país en vías de desarrollo, a través de proyectos de reducción de emisiones de CO2. La empresa del país que realiza la inversión recibe los créditos de reducción por el proyecto y éstos los podrá utilizar para alcanzar sus compromisos del Protocolo de Kyoto.

Este sistema provoca que el país inversor pueda hacer uso de las RCEs (CERs) para alcanzar los objetivos de reducción y limitación de emisiones y, por otro lado, el país receptor de la inversión consigue un desarrollo sostenible a través de la implementación de tecnologías limpias.

Los proyectos iniciados desde el 1 de enero de 2000 podrán ser registrados como MDL y, por lo tanto, podrán contabilizarse los créditos que éstos generen, para el cumplimiento en el período entre 2008 y 2012.

  • Aplicación Conjunta: este otro mecanismo permite la inversión de algunos países en otros países con economías en transición de mercado. Estos países se beneficiarán de las inversiones en tecnologías limpias. El país receptor, se tendrá que descontar las unidades de reducción de emisiones UREs (ERUs) del proyecto, que serán adquiridas por el país inversor.

El país inversor se beneficia de la adquisición de UREs (créditos de emisiones de CO2) a un precio menor del que le hubiese costado en el ámbito nacional, aunque con el inconveniente de asumir el riesgo de desarrollar un proyecto de este tipo que podría acabar no ejecutándose.

POST-KYOTO

¿Qué finalidad tiene la propuesta actual sobre el Comercio de Derechos de Emisión para más allá del 2012?

La propuesta tiene por objeto modificar la Directiva por la que se estableció el RCCDE. Lo que se pretende es consolidar, ampliar y perfeccionar, para más allá de 2012, el funcionamiento del régimen, que constituye uno de los instrumentos más importantes y rentables de conseguir el objetivo de la UE respecto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ese objetivo, aprobado por el Consejo Europeo de marzo de 2007, consiste en reducir, antes de 2020, las emisiones de la Unión al menos un 20 % respecto a 1990, y un 30 % si otros países industrializados asumen un compromiso comparable en el marco de un acuerdo internacional sobre cambio climático para después de 2012. La decisión de abrir las negociaciones sobre un acuerdo de esas características se tomó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en diciembre de 2007 en Bali, y se espera que esas negociaciones empiecen en mazo o en abril.

La propuesta de revisión de la Directiva busca un equilibrio entre la necesidad de rentabilidad económica, por un lado, y de igualdad de trato entre sectores y Estados miembros, por otro, y proporcionará a la industria una mayor previsibilidad. Establece una trayectoria previsible de las reducciones de emisiones que deben realizar los sectores incluidos en el RCCDE. Una mayor armonización simplificará el régimen y lo hará más transparente, lo cual aumentará su atractivo para que otros países y regiones se vinculen a él.

¿Cuáles son las principales modificaciones propuestas del RCCDE para el periodo post-2012?

Los principales cambios son los siguientes:

Los 27 límites máximos de derechos de emisión correspondientes a cada Estado miembro se sustituirán por un único límite máximo a escala de la UE. El límite anual se reducirá de forma gradual con arreglo a una trayectoria lineal, que se prolongará más allá de finales del tercer período de comercio (2013-2020).
El porcentaje de derechos que se sacará a subasta será mucho mayor que el que se asignará de forma gratuita.

Se introducirán normas armonizadas para la asignación gratuita.

Parte de los derechos de emisión que pueden subastarse se redistribuirá de los Estados miembros con ingresos per cápita altos a los de bajos ingresos, con objeto de reforzar la capacidad financiera de estos últimos para invertir en tecnologías respetuosas del clima.

Se incluirán en el RCCDE algunas industrias adicionales (por ejemplo, los productores de aluminio y amoníaco) y dos gases más (el óxido nitroso y los perfluorocarburos).

Los Estados miembros estarán autorizados a excluir del régimen las instalaciones pequeñas, siempre y cuando estén sometidas a medidas equivalentes de reducción de emisiones.

¿Va a seguir habiendo Planes Nacionales de Asignación (PNA)?

No. En los PNA tanto del primer período de comercio (2005-2007) como del segundo (2008-2012), los Estados miembros determinaron la cantidad total de derechos por expedir (el límite máximo) y cómo iban a asignarse a las instalaciones. Ese planteamiento ha generado diferencias considerables entre las normas de asignación, que incitan a los Estados miembros a favorecer a su propia industria, lo cual ha dado pie a una situación de gran complejidad.

La Comisión propone establecer un único límite máximo para toda la Unión y asignar derechos sobre la base de normas plenamente armonizadas. Los Planes Nacionales de Asignación, por tanto, dejarán de ser necesarios.

¿Cómo se determinará el límite máximo para la tercera fase del Protocolo de Kyoto?

La propuesta fija las normas para el cálculo del límite máximo a escala de la Unión.

A partir de 2013, el número total de derechos debe ir reduciéndose cada año de un modo lineal. El punto de partida de esa línea descendente es la media de la cantidad total de derechos (límite máximo de la segunda fase) que van a expedir los Estados miembros en el período 2008-2012, adaptada para tener en cuenta la ampliación del ámbito de aplicación del régimen a partir de 2013. El factor lineal de reducción de la cantidad anual en relación con el límite de la segunda fase es 1,74 %.

El punto de partida para determinar el factor lineal del 1,74 % es la reducción global de las emisiones de gases de efecto invernadero del 20 % respecto a los niveles de 1990, lo cual equivale a una reducción del 14 % en comparación con 2005. No obstante, los sectores incluidos en el RCCDE tienen que conseguir una reducción más importante porque a esos sectores les resulta más barato hacerlo. El reparto del esfuerzo que permite reducir al mínimo el coste global de reducción es como sigue:

una reducción, de aquí a 2020, del 21 % de las emisiones de los sectores incluidos en el RCCDE en comparación con 2005;

una reducción de alrededor del 10 % en comparación con 2005 en el caso de los sectores no regulados por el RCCDE.


La reducción del 21 % para 2020 implica un límite máximo en el RCCDE para 2020 de 1 720 millones de derechos, y un límite medio para la tercera fase (2013 a 2020) de alrededor de 1 846 millones de derechos de emisión, así como una reducción del 11 % en comparación con el límite máximo de la segunda fase.

Todas las cifras absolutas indicadas corresponden al ámbito de aplicación del régimen al principio del segundo período de comercio y, por consiguiente, no tienen en cuenta al sector de la aviación, que se incluirá en el RCCDE hacia finales del segundo período de comercio, ni a los demás sectores que se incorporarán en la tercera fase (para más detalles, véase la respuesta a la pregunta nº 12).

¿Cómo se determinará el límite máximo de emisión más allá de la tercera fase del Protocolo de Kyoto?

El factor lineal del 1,74 % utilizado para establecer el límite máximo de la tercera fase seguirá aplicándose después del final del período de comercio en 2020 y determinará el límite para el cuarto período de comercio (2021 a 2028) y más allá. Podrá revisarse en 2025 como muy tarde. De hecho, para antes de 2050 habrá que conseguir grandes reducciones de las emisiones (de entre el 60 % y el 80 % en comparación con 1990), si se pretende alcanzar el objetivo estratégico de limitar el aumento medio de la temperatura mundial a 2 ºC en relación con los niveles preindustriales.

Cada año se fijará un límite máximo de derechos de emisión a escala de la UE. ¿Esto restará flexibilidad a las instalaciones incluidas en el RCCDE?

No. Las instalaciones no van a tener menos flexibilidad en absoluto. Las autoridades competentes tienen que expedir los derechos que van a distribuirse antes del 28 de febrero de cada año. La fecha límite para que los titulares de instalaciones entreguen derechos es el 30 de abril del año siguiente al año en el que se produjeron las emisiones. Por consiguiente, los titulares reciben los derechos correspondientes al año en curso antes de tener que entregar los derechos correspondientes a sus emisiones del año anterior. Los derechos de emisión siguen siendo válidos a lo largo de todo el período de comercio, y no puede «acumularse» ningún derecho que sobre para utilizarlo en períodos de comercio posteriores. A este respecto, nada va a cambiar.

El régimen seguirá basándose en períodos de comercio, pero el tercero durará ocho años, entre 2013 y 2020, frente a los cinco años de la segunda fase (2008 a 2012).

En el segundo período de comercio, los Estados miembros decidieron, en general, asignar cada año la misma cantidad de derechos. La reducción lineal que debe producirse cada año a partir de 2013 corresponderá mejor a la evolución prevista de las emisiones a lo largo del período.


¿Cuáles son los límites máximos anuales establecidos en el RCCDE para el período comprendido entre 2013 y 2020?

Los límites máximos anuales son los siguientes:

Año Millones de T. de CO2
2013 1.974
2014 1.937
2015 1.901
2016 1.865
2017 1.829
2018 1.792
2019 1.756
2020 1.720

Esas cifras se basan en el ámbito de aplicación del RCCDE aplicable en la segunda fase (2008 a 2012) y en las decisiones de la Comisión sobre los Planes Nacionales de Asignación para la segunda fase, lo que lleva a un total de 2 083 millones de toneladas tras la decisión del Tribunal sobre el PNA eslovaco. Esas cifras deben adaptarse por varias razones. En primer lugar, para tener en cuenta la ampliación del ámbito de aplicación en la segunda fase, siempre que los Estados miembros justifiquen y verifiquen las emisiones suplementarias resultantes de esa ampliación. En segundo lugar, debido a la propuesta de la Comisión de ampliar el ámbito de aplicación del RCCDE a partir del tercer período de comercio. Y, en tercer lugar, porque las cifras no tienen en cuenta la inclusión de la aviación ni las emisiones de Noruega, Islandia y Liechtenstein.

¿Van a seguir asignándose derechos de emisión de forma gratuita?

Sí, en algunos casos, pero, en general, muchos menos que en la actualidad.

Aunque en los dos primeros períodos de comercio la mayor parte de los derechos de emisión se asignaron a las instalaciones de forma gratuita, la Comisión considera que la subasta debería ser el principio básico para la asignación de derechos a partir de la tercer fase porque es el sistema que mejor garantiza la eficacia, transparencia y sencillez del régimen y crea los mayores incentivos para inversiones a favor de una economía con pocas emisiones de carbono. Es la fórmula que más se ajusta al principio de que quien contamina, paga y evita que algunos sectores que han repercutido sobre sus clientes el coste teórico de los derechos a pesar de haberlos recibido gratis reciban ganancias inmerecidas.

Se calcula que en 2013, se sacará a subasta aproximadamente el 60 % del número total de derechos de emisión, y ese porcentaje aumentará los años siguientes.

¿Cómo se propone asignar los derechos que van a distribuirse de forma gratuita?

Se propone que los derechos que van a asignarse de forma gratuita se distribuyan de acuerdo con unas normas a escala comunitaria, que se desarrollarán más adelante por el procedimiento de comité («comitología»). Esas normas armonizarán totalmente la asignación de derechos y, de ese modo, todas las empresas de la UE que realicen actividades idénticas o similares estarán sujetas a las mismas normas. Esas normas garantizarán en lo posible que la asignación de derechos promueva las tecnologías de pocas emisiones de carbono. Podrán, por ejemplo, especificar que la asignación debe basarse en unos parámetros de referencia, por ejemplo un número dado de derechos por volumen histórico de producción. Esas normas podrían recompensar a los titulares que adoptaran rápidamente medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reflejarían mejor el principio de que quien contamina, paga y supondrían un fuerte incentivo para reducir emisiones, ya que los derechos dejarían de asignarse en función de las emisiones históricas. Todos los derechos que van a asignarse se determinarán antes del comienzo del tercer período de comercio y no se autorizará ninguna adaptación posterior.

¿Qué instalaciones van a recibir derechos gratuitos y cuáles no, según la propuesta? ¿Cómo van a evitarse los impactos negativos sobre la competencia?

Si se tiene en cuenta la capacidad del sector eléctrico de repercutir el aumento del coste de los derechos de emisión, la venta completa en subasta debe ser la norma para ese sector a partir de 2013, así como para las actividades de captura y almacenamiento de carbono, ya que el incentivo, en este caso, reside en el hecho de que por las emisiones que se almacenan no hay que entregar derechos.

En otros sectores, la asignación gratuita de derechos irá suprimiéndose gradualmente desde 2013, hasta llegar a una situación en 2020 en que ningún derecho será gratis. No obstante, se hará una excepción en el caso de las instalaciones de sectores que se consideran están expuestos a un riesgo importante de «fuga de carbono», es decir, que podrían verse obligados, por la presión de la competencia internacional, a trasladar su producción a países fuera de la UE que no imponen limitaciones similares respecto a las emisiones, lo cual tendría como consecuencia, simple y llanamente, un aumento de las emisiones globales sin ningún beneficio ambiental.

De aquí a 2010, la Comisión determinará los sectores afectados, teniendo en cuenta su capacidad de repercutir el coste de los derechos que necesitan en el precio de sus productos sin pérdidas significativas de cuota de mercado a favor de instalaciones fuera de la UE con un comportamiento peor en materia de emisiones de carbono. A este respecto, la Comisión estudiará, entre otras cosas, el coste de los derechos en comparación con el coste de producción y la exposición a la competencia internacional. Las instalaciones de esos sectores recibirán hasta el 100 % de los derechos de forma gratuita.

Con un acuerdo internacional que garantice costes comparables para los competidores de otras partes del mundo, el riesgo de fuga de carbono puede ser insignificante. Por consiguiente, de aquí a 2011, la Comisión estudiará detenidamente la situación de las industrias grandes consumidoras de energía y el riesgo de fuga de carbono, a la luz de los resultados de las negociaciones internacionales y teniendo asimismo en cuenta cualquier acuerdo sectorial vinculante que pueda haberse celebrado. Ese informe irá acompañado, eventualmente, de las propuestas que considere adecuadas, por ejemplo el mantenimiento o adaptación del porcentaje de derechos asignados de forma gratuita a las instalaciones industriales especialmente expuestas a la competencia internacional o el establecimiento de un sistema eficaz de compensación del carbono para neutralizar cualquier efecto distorsionador de las importaciones, por ejemplo incluir en el RCCDE a los importadores de los productos afectados.

¿Quién organizará las subastas y cómo se llevarán a cabo?

Las subastas las llevarán a cabo los Estados miembros. La distribución de los derechos de subasta a los Estados miembros se hará en gran medida en función de las emisiones históricas, pero parte de esos derechos se redistribuirá de los Estados miembros más ricos a los más pobres, y eso para tener en cuenta, entre estos últimos, los niveles más bajos de PIB per cápita y las mayores perspectivas de crecimiento y de emisiones, así como para reforzar su capacidad financiera de invertir en tecnologías respetuosas del clima.

Las subastas tienen que atenerse a las normas del mercado interior y, por tanto, deben estar abiertas a cualquier comprador potencial en unas condiciones no discriminatorias. La propuesta sienta las bases para la adopción de un reglamento (mediante el procedimiento de comitología) que establezca las condiciones adecuadas para garantizar unas subastas eficaces y coordinadas sin perturbaciones para el mercado de derechos de emisión.

¿Qué sectores y gases están regulados por la nueva propuesta?

El RCCDE se aplica a instalaciones que realizan una serie de actividades concretas. Desde el principio regula, por encima de ciertos umbrales de capacidad, las centrales eléctricas y otras instalaciones de combustión, las refinerías de hidrocarburos, las coquerías, las plantas de producción de hierro y acero y las fábricas de cemento, vidrio, cal, ladrillos, cerámica, papel, pulpa de papel y cartón.

Hasta ahora, el RCCDE se ha referido únicamente a las emisiones de dióxido de carbono. La Comisión propone incluir otros sectores y gases de efecto invernadero en el anexo 1 de la Directiva, con lo cual se ampliará el ámbito de aplicación del RCCDE. Se incluirán las emisiones de CO2 de las industrias petroquímica, del amoníaco y del aluminio, así como las emisiones de N2O de la producción de ácido nítrico, ácido adípico y ácido glioxílico, y las de perfluorocarburos del sector del aluminio. También se dará cabida a la captura, el transporte y el almacenamiento geológico de todas las emisiones de gases de efecto invernadero.

¿Las instalaciones pequeñas van a quedar excluidas del RCCDE?

En la actualidad, el RCCDE abarca a un gran número de instalaciones que emiten relativamente pocas cantidades de CO2, y se han planteado dudas en cuanto a la rentabilidad de su inclusión en el régimen. La Comisión propone, por tanto, autorizar a los Estados miembros a excluir esas instalaciones del RCCDE si cumplen una serie de condiciones: que tengan una potencia térmica nominal inferior a 25 MW y unas emisiones notificadas inferiores a 10 000 toneladas equivalentes de CO2 en cada uno de los tres años anteriores al año de la solicitud. Pueden quedar excluidas del régimen sólo si se les aplican medidas con las que consiga una contribución equivalente para la reducción de emisiones. Se calcula que podrían excluirse del régimen en virtud de esas disposiciones alrededor de 4 200 instalaciones, responsables en su conjunto de alrededor del 0,7 % de las emisiones totales incluidas en el RCCDE.

¿Cuál es el impacto de los nuevos sectores y gases sobre el límite total?

Según las estimaciones, la ampliación propuesta del ámbito de aplicación, junto con la posibilidad que tienen los Estados miembros de excluir a las pequeñas instalaciones, conducirá a un aumento neto del 6 % aproximadamente de la cobertura del régimen, lo que corresponde a un máximo de entre 120 y 130 millones de toneladas equivalentes de CO2, respecto al período de comercio actual (2008-2012).

¿Cómo se asignarán los derechos de emisión a los nuevos sectores y gases?

La Comisión propone que se asignen por medio de normas comunes a toda la Unión Europea, como ocurre con otros sectores industriales ya incluidos.

¿Cuántos créditos de emisión procedentes de terceros países se asignarán?

De conformidad con el RCCDE, los Estados miembros pueden permitir a los titulares de las instalaciones de su territorio la utilización de créditos generados por proyectos de ahorro de emisiones realizados en terceros países para cubrir sus emisiones como si fueran derechos del RCCDE. Esos proyectos tienen que ser reconocidos oficialmente por el mecanismo de Aplicación Conjunta (AC) del Protocolo de Kioto (que regula los proyectos realizados en países con un objetivo de reducción de emisiones de conformidad con el Protocolo de Kioto) o el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) (para proyectos realizados en países en desarrollo). Los créditos de proyectos AC se conocen como Unidades de Reducción de Emisiones (URE), mientras que los proyectos MDL se denominan Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE).

La propuesta establece dos escenarios para el uso de tales créditos entre 2013 y 2020. El primero refleja únicamente el compromiso independiente de la UE de reducir sus emisiones al menos un 20 % de aquí a 2020 respecto a los niveles de 1990. El segundo incrementa esta reducción en el contexto de un acuerdo satisfactorio a escala mundial para luchar contra el cambio climático después de 2012.

Sobre la base de una reducción de emisiones del 20 %, es decir, antes de la celebración de un acuerdo mundial satisfactorio, los titulares podrán utilizar los créditos que les hayan concedido sus gobiernos para el período 2008-2012 y que todavía no hayan empleado. Como el límite correspondiente a esos créditos es generoso, se prevé que los titulares puedan lograr más de un tercio de las reducciones de emisiones necesarias para el período de 2013 a 2020, utilizando esos créditos.

No obstante, sólo serán elegibles los créditos de tipos de proyectos aceptados por todos los Estados miembros durante el período 2008-2012. Esta restricción es necesaria para garantizar que los créditos AC/MDL reciben un trato equivalente dentro del RCCDE. Sin esta norma, el mercado de los créditos AC/MDL podría dividirse en créditos aceptados por todos los Estados miembros y créditos aceptados sólo por algunos de ellos.

En aras de una mayor flexibilidad, los créditos correspondientes a nuevos proyectos de eficiencia energética o de energías renovables que promueven el desarrollo sostenible podrían utilizarse de conformidad con acuerdos celebrados con terceros países, siempre que esos nuevos créditos no aumentaran el número total de créditos disponibles. Sin perjuicio de una restricción similar, se permitirían Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE) de nuevos proyectos iniciados a partir de 2013 en los países menos desarrollados sin necesidad de celebrar un acuerdo con esos países. Cabe señalar una vez más que sólo serían elegibles los tipos de proyectos aceptados por todos los Estados miembros durante el período 2008-2012.

Sobre la base de una reducción de emisiones más estricta en el contexto de un acuerdo internacional satisfactorio, el límite respecto a la utilización de créditos AC/MDL aumentará automáticamente hasta la mitad del esfuerzo de reducción adicional. Eso significa que si el límite máximo anual establecido en el marco del RCCDE experimentara una reducción de 200 millones de toneladas, por ejemplo, como consecuencia de un acuerdo global (para alcanzar un objetivo de reducción de las emisiones totales más estricto), el límite aplicable a la utilización de los créditos AC/MDL registraría un aumento automático de 100 millones.

Sólo se aceptarían créditos adicionales a los remanentes del período 2008-2012 si correspondieran a proyectos de terceros países que hubieran ratificado el acuerdo internacional o a tipos de proyectos suplementarios aprobados por la Comisión. La Comisión adoptará medidas respecto a la utilización de tipos adicionales de créditos de proyectos y/o la utilización por los titulares de otros mecanismos establecidos en el marco del acuerdo internacional, según proceda. Esos créditos adicionales abaratarán el cumplimiento del objetivo de reducción de la UE.

¿Por qué se limitará la utilización por las empresas de créditos AC/MDL antes de la celebración de un acuerdo internacional?

Antes de la celebración de un acuerdo internacional satisfactorio, una mayor utilización de créditos AC/MDL después de 2012, superior a los concedidos para 2008-2012, reduciría los incentivos para que las empresas invirtieran en tecnologías eficientes en cuanto al carbono y, por tanto, podría socavar la consecución de las reducciones de emisiones internas necesarias para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones y de energías renovables para 2020.

¿Podrán utilizarse créditos procedentes de «sumideros» de carbono, como los bosques?

No. La Comisión ha analizado la posibilidad de conceder créditos por determinados tipos de proyectos relativos al uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura («LULUCF»), que absorben carbono de la atmósfera y ha llegado a la conclusión de que eso podría socavar la integridad medioambiental del RCCDE por las razones siguientes:

Materialmente, los proyectos LULUCF no pueden generar reducciones permanentes de emisiones. No existen suficientes soluciones para solventar las incertidumbres derivadas de la no permanencia del almacenamiento de carbono y los problemas de «fugas» potenciales de emisiones que presentan tales proyectos. El carácter temporal y reversible de las actividades consideradas supondría riesgos considerables en un régimen de comercio entre empresas y plantearía problemas significativos de responsabilidad para los Estados miembros.

La inclusión de proyectos LULUCF en el RCCDE requeriría una calidad de seguimiento y notificación comparable a la existente en el caso de las emisiones de las instalaciones actualmente reguladas por el régimen. Ahora bien, este no es así por el momento y es probable que el coste de su aplicación reduzca sustancialmente el atractivo de incluir esos proyectos en el régimen.

La simplicidad, transparencia y previsibilidad del RCCDE quedarían sensiblemente mermadas. Además, la introducción en el régimen de tal cantidad de créditos potenciales debilitaría el funcionamiento del mercado del carbono, so pena de limitar su utilización, en cuyo caso los posibles beneficios potenciales resultarían marginales.

La Comisión considera que el problema de la deforestación mundial podría solucionarse mejor por medio de otros instrumentos. Por ejemplo, la utilización de una parte de los ingresos procedentes de la subasta de derechos en el marco del RCCDE podría generar medios de inversión suplementarios en actividades LULUCF dentro y fuera de la UE, y proporcionar un modelo de ampliación para el futuro.

¿Existen otros créditos, además de los mencionados, que podrían utilizarse en el RCCDE revisado?

Sí. La Comisión propone que los proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros de la UE no incluidos en el RCCDE puedan dar lugar a la expedición de créditos. Esos «créditos nacionales de compensación» deberían gestionarse con arreglo a disposiciones comunes en toda la UE establecidas por la Comisión para que pudieran negociarse en el conjunto del régimen. Esas disposiciones se adoptarán sólo cuando se trate de proyectos que no puedan llevarse a cabo en el marco del RCCDE. Con ellas se procurará garantizar que los créditos nacionales no den lugar a doble contabilidad de las reducciones de emisiones o impidan la reducción de emisiones no incluidas en el RCCDE con otras medidas políticas, y se basen en normas sencillas y de fácil gestión.

¿Afectará la revisión a la acumulación ilimitada en la tercera fase de derechos de la segunda?

No. La Directiva prevé la acumulación ilimitada de derechos de la segunda fase en la tercera. Eso significa que cada derecho no entregado o retirado en el segundo período de comercio puede utilizarse tal cual en la tercera fase. Desde el punto de vista técnico, la acumulación se realizará sustituyendo los derechos de la segunda fase por derechos de la tercera fase. Los derechos de la tercera fase expedidos como consecuencia de la acumulación se añadirán al límite de la tercera fase decidido en la revisión. La Comisión no ha propuesta ningún cambio de esta disposición.

¿Cuáles serán las repercusiones de los cambios sobre los precios de la electricidad?

La reducción de la cantidad de derechos de toda la Unión que debe expedirse en el tercer período de comercio aumentará la escasez de derechos en el mercado y, por consiguiente, su precio puede incrementarse. Cabe esperar un aumento equivalente del precio de la electricidad, pero, teniendo en cuenta el precio actual del carbono, el aumento debería limitarse a un 10 %-15 % de aquí a 2020, respecto a una situación sin cambios. Otros factores, como los precios del petróleo y el gas, pueden tener un impacto mucho mayor.

El hecho de que los productores de electricidad no vayan a recibir más derechos gratuitos no tiene por qué tener una influencia significativa sobre los precios de la electricidad, ya que los productores pueden repercutir sobre sus clientes una parte importante de los costes de los derechos, independientemente de que reciban derechos gratuitos o no. El impacto más importante de la eliminación de la asignación gratuita de derechos a los productores de electricidad es que dejarán de recibir beneficios inmerecidos.

Puede ocurrir que la factura total de las familias no aumente: eso depende de la medida en que las medidas de eficiencia energética aplicables a las viviendas permitan alcanzar el objetivo de ahorro del 20 %.

¿Hay alguna garantía de que el precio de los derechos no vaya a desplomarse durante el tercer período de comercio?

No puede garantizarse ningún nivel de precios en un mercado libre, pero la propuesta pretende establecer unas condiciones de mercado lo más previsibles posible y minimizar la inestabilidad debida a los cambios en el RCCDE. El notable descenso del precio de los derechos durante el primer período de comercio se debió a la asignación de un exceso de derechos que no podían «acumularse» para ser utilizados durante el segundo período de comercio. A partir del segundo período, los Estados miembros están obligados a permitir la acumulación de derechos para el período siguiente y, por consiguiente, el cierre de un período de comercio no debería tener ningún impacto sobre los precios.

¿Se han previsto disposiciones para el establecimiento de vínculos entre el RCCDE y otros regímenes de comercio de derechos de emisión?

Sí. Uno de los medios más importantes para reducir emisiones de una manera más rentable consiste en ampliar y desarrollar aún más el mercado mundial del carbono. La Comisión considera que el RCCDE es un elemento clave para el desarrollo de una red internacional de regímenes de comercio de derechos de emisión. El establecimiento de vínculos entre el RCCDE y otros regímenes de comercio nacionales y regionales con fijación previa de unos límites máximos puede crear un mercado mundial más grande que puede permitir reducir el coste global de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La mayor liquidez y la menor inestabilidad de los precios que podría conseguirse así mejorarían el funcionamiento de los mercados de derechos de emisión. Ello podría dar lugar a una red internacional de regímenes de comercio en la que los participantes, incluidas las entidades dotadas de personalidad jurídica, podrían comprar derechos de emisión para cumplir los objetivos de reducción que les correspondiera.

Aunque la Directiva vigente permite establecer vínculos entre el RCCDE y otros países industrializados que hayan ratificado el Protocolo de Kioto, la Comisión propone ampliar esa posibilidad para dar cabida a cualquier país o entidad administrativa (por ejemplo, un estado o grupos de estados de un sistema federal) que haya establecido un régimen de comercio con fijación previa de límites máximos cuyos elementos constitutivos no socaven la integridad ambiental del RCCDE. En caso de que en esos regímenes se establezca un límite máximo de emisiones en términos absolutos, podría imponerse el reconocimiento mutuo entre los derechos expedidos por ellos y los del RCCDE.

¿Qué es un registro comunitario y cómo funciona?

Los registros son bases de datos electrónicas normalizadas que permiten llevar cuenta exacta de la expedición, la titularidad, la transferencia y la cancelación de derechos de emisión. Como signataria de pleno derecho del Protocolo de Kioto, la Comunidad está obligada también a mantener un registro, el registro comunitario, que es distinto de los que existen en los Estados miembros. Los derechos que se expidan a partir del 1 de enero de 2013 se consignarán en el registro comunitario y no en los nacionales.

¿Van a modificarse los requisitos en materia de seguimiento, notificación y verificación?

La Comisión tiene la intención de adoptar un nuevo reglamento (mediante el procedimiento de comitología) que regule el seguimiento y la notificación de las emisiones procedentes de actividades incluidas en el anexo 1 de la Directiva. En otro reglamento sobre verificación de los informes sobre emisiones y acreditación de verificadores deberían especificarse las condiciones para la acreditación, el reconocimiento mutuo y la cancelación de la acreditación de verificadores, así como para la supervisión y la evaluación por pares, según convenga.

¿Qué disposiciones van a adoptarse en relación con los nuevos entrantes al mercado?

El cinco por ciento de la cantidad total de derechos de emisión se mantendrá en una reserva para las instalaciones o compañías aéreas que se incorporen al régimen después de 2013 («nuevos entrantes»). Los derechos procedentes de esa reserva deberían corresponder a los que se asignan a instalaciones existentes del mismo tipo.

Los derechos que permanezcan en la reserva se distribuirán entre los Estados miembros para su subasta. El sistema de distribución es el mismo que el que se aplica a todos los demás derechos que se sacan a subasta.

¿Cómo ha tenido en cuenta la Comisión las observaciones formuladas por las partes interesadas?

Durante el proceso de revisión del RCCDE, la Comisión se reunió en numerosas ocasiones con un gran número de interesados. Estudió sus sugerencias y, en muchos casos, las reflejó en la propuesta y en su evaluación de impacto económico.

¿Qué papel desempeña un acuerdo internacional y qué consecuencias puede tener para el RCCDE?

Cuando se alcance un acuerdo internacional, la Comisión revisará o derogará las normas comunitarias por las que se rige la asignación de derechos de manera que sólo se permita la asignación gratuita en casos plenamente justificados a la luz del acuerdo internacional.

Además, la cantidad de derechos para toda la Unión se reducirá en unos porcentajes que correspondan al aumento de los compromisos de reducción. La relación entre las reducciones que deben realizar los sectores incluidos en el RCCDE y las que corresponden a los que no lo están se mantiene invariable.

Por lo que se refiere a los efectos de la utilización de créditos por proyectos de Aplicación Conjunta y Mecanismo de Desarrollo Limpio, véase la respuesta a la pregunta nº 21.

   
 
 
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